En una extensa jornada que inició a las 10:30 am y finalizó a las 5:05 pm, se desarrolló la tercera audiencia de imputación de cargos en contra del gobernador Carlos Caicedo Omar, por las presuntas irregularidades de los Centros de Desarrollo Infantil de Bonda y Ciudad Equidad, que hacen parte de la investigación denominada por la Fiscalía como ‘Robo al Magdalena.

Durante más de cuatro horas, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia Fajardo, presentó un total de 21 presuntas irregularidades encontradas en todos los procesos contractuales y ejecutoriales por estas obras.

19 correspondían a reproches por presuntamente incumplir con presupuestos legales, mientras que dos por posibles irregularidades en la verificación del condicionamiento del contrato. Efectuando así la imputación de tres delitos: celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica.

Entre las pruebas sostenidas por la Fiscalía en contra del actual mandatario departamental, resaltó la suscripción de un convenio entre la Alcaldía de Carlos Caicedo, Ecopetrol y la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, que en aras de aportar al mejoramiento de los escenarios recreativos y educativos de la ciudad dieron sustanciales recursos.

Para costear los estudios de los CDI de Bonda y Ciudad Equidad, así como las ludotecas en estos sectores y en Taganga, Ecopetrol dio más de 2.279 millones de pesos, la Fundación Sociedad Portuaria 37 millones 500 mil pesos, mientras que la administración aportó $15 millones adicionales.

Estos estudios, habrían sido ignorados por parte del entonces alcalde, que según el fiscal, insistió que fuera el contratista Juan David Bello, el encargado de ejecutar la obra, pese a que no contaba con los requerimientos legales ni la experiencia.

La obra fue adjudicada por $6.954 millones.

En consecuencia, se utilizaron materiales prefabricados, ignorando las recomendaciones dadas en los estudios previos que se costearon mediante el convenio público- privado.

Ejemplo de esto, es que en los CDI de Ciudad Equidad y Bonda, no se entregaron diseños de redes de gas, pese a que las normativas legales establecen que son indispensables, considerando que en estos centros tienen que haber cocinas equipadas que de paso, tienen que contribuir a suplir al menos el 70% de los requerimientos nutricionales de los niños en condición de vulnerabilidad, beneficiados con el proyecto.

Según la Fiscalía tampoco se hicieron estudios de suelo en ninguno de los CDI.

En ese sentido, el fiscal Palencia fue enfático en afirmar que las adecuaciones y diseños faltantes por el contratista inicial en el CDI de Ciudad Equidad, fueron suplidos gracias a contratos adicionales ordenados por la administración de Virna Johnson; esto considerando la insistencia del mandatario magdalenense, en señalar que estaba asistiendo a la diligencia judicial, desde este escenario, que estaba en perfecto estado.

Sin importar estas condiciones, y que el CDI de Bonda es hoy solo hierros abandonados y maleza, el entonces alcalde Caicedo, le desembolsó el 94% de los dineros al contratista, siendo esto un total de $6.606 millones.

Adicionalmente, a través de varias gráficas el fiscal resaltó presuntos sobrecostos que superan los 693 millones de pesos.